La integración de la inteligencia artificial (IA) en los sistemas de bienestar social, particularmente en Dinamarca, representa un avance tecnológico significativo con profundas implicaciones en la eficiencia de los servicios sociales. Sin embargo, esta transformación también plantea preocupaciones éticas importantes, especialmente en términos de vigilancia y discriminación. Los recientes informes de Amnistía Internacional destacan los riesgos potenciales asociados con el uso de la IA en estos sistemas, subrayando la necesidad de una regulación estricta para proteger los derechos de los ciudadanos.
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