La integración de la inteligencia artificial (IA) en las estructuras gubernamentales sigue acelerándose, transformando radicalmente la gobernanza, la eficiencia administrativa y las políticas públicas. Las iniciativas recientes, como el acuerdo de Qatar con Scale AI y la inversión de 15 millones de Riales por Omán en proyectos de IA, ilustran una tendencia mundial hacia la adopción de tecnologías avanzadas para modernizar los servicios públicos. Sin embargo, esta rápida adopción plantea preocupaciones éticas y regulatorias, requiriendo una atención particular para garantizar una implementación responsable y equitativa.
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